El vandalismo ecológico de la empresa propietaria del buque Prestige, que provoca una verdadera y devastadora catástrofe, inicia un proceso que se alarga durante diez años y acaba sin responsable alguno. Nadie pisó ni un minuto la cárcel por ello. Sin embargo, el “vandalismo” realizado sobre muebles viejos de una asociación ultraderechista en la Universidad Complutense se traduce en 19 detenciones sólo siete días después de los hechos. Esas personas detenidas continúan en la cárcel, sin que se haya producido aún juicio alguno. 11 personas más han sido detenidas simplemente por estacionar sus cuerpos frente a la comisaría de Moratalaz, en una concentración en solidaridad por lxs perseguidxs[1]. En todo el estado español han sido 30 lxs detenidxs por esta rafia político-policial en sólo 24 horas[2]. Hay convocada al respecto por las redes sociales una concentración hoy 29 de noviembre a las 19 en Génova y a las 20 horas en Plaza de Castilla.

Es obvio que en la base de esta desproporción no sólo está una “justicia” creada para favorecer a una clase sobre otras, sino también una evidente persecución política de la disidencia. En los twits de la Delegada del Gobierno Cristina Cifuentes– caciquilla de la represión en Madrid – desde su casa pues está de baja, deja claro que se trata de personas de “extrema izquierda”, es decir, muestra con claridad que lo importante aquí son las ideas políticas de esas personas, y ese es el principal argumento de su detención.  Añádase otro ejemplo: Patricia Toledo[3], a la que se pretende aplicar una pena de tres años de cárcel y una multa de 8.900 euros por participar de forma pacífica en un desahucio en el barrio de Manoteras. Hay, por desgracia, miles de ejemplos: en Granada Adrián Mora, militante de izquierdas, fue detenido por repartir propaganda[4], etc. etc., etc. La reforma del código penal que el presente gobierno pretende imponer no es más que, hablando con claridad, una ley para la penalización, criminalización y represión de la disidencia política.

La prisión preventiva es la principal arma de castigo a la disidencia política en el estado español. Se ha utilizado hasta la saciedad en los últimos dos años contra huelguistas, anarquistas, activistas y cualquier persona que contestara con desobediencia al poder. Las detenciones previas a estas prisiones, realizadas en su mayoría en los domicilios particulares de lxs disidentes, domicilios que son registrados exhaustivamente, son ordenadas por la policía, que a su vez recibe órdenes del Ministerio del Interior. Este tipo de actuaciones espectacularizadas y sobredimensionadas de la policía recuerdan en exceso a las de la Stasi o la Gestapo. La confirmación del ingreso en prisión por parte del juez es tan automática e indefectible que sólo se recuerda un caso en el que el juez haya ordenado que se interrumpa esa prisión: el del banquero Blesa, miembro, obviamente, de la casta de los intocables..

Estxs presxs políticxs del estado español  van a ir creciendo en número en los próximos meses, debido a que empezarán a aflorar las primeras sentencias condenatorias de sucesos de años anteriores. A Alberto Torre[5] se le quiere ingresar en prisión durante un año a pesar de la grave enfermedad que padece. Su persecución es un ejemplo más de esa caza de brujas a la disidencia política: sólo dos días después de participar en una manifestación antimonárquica recibió la citación judicial. Parece que es momento de empezar a hacer la lucha antirepresiva una lucha política, dado que es evidente que lo que subyace es una cuestión de lucha política, no legal ni judicial. Es indispensable y necesario tener presentes en todo momento a esxs detenidxs y presxs  en cualquier reivindicación de otro tipo para dejar constancia del carácter político de la represión que se ejerce a diario sobre las personas simplemente por albergar determinadas ideas. Y debe quedar claro que esta represión política es sólo una parte del inmenso complejo represivo que incluye represión económica, laboral, legal, educativa, patriarcal, racista, policial, administrativa,  etc. [6].

La visibilización diaria de esa persecución y represión permanente de la disidencia política debe ser una de las actividades principales de cualquier movimiento social que oponga sus ideas a las del Régimen establecido. Esa visibilización de la represión y la consiguiente solidaridad con lxs detenidxs, multadxs y agredidxs, es la otra cara de la desobediencia, y deben ir siempre juntas. De lo contrario, una y la otra perderán toda eficacia y todo contenido.

Perseguir a las personas por sus ideas es la base misma de los movimientos totalitarios como el que padecemos. Si no reaccionamos a tiempo, el rodillo pasará por encima de todxs. CONTRA LA REPRESIÓN UNIDAD,  VISIBILIZACIÓN Y LUCHA.

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